Australia le pone fecha límite a los paneles solares: NSW quiere que los fabricantes paguen el reciclaje
El estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, se metió con un problema que la energía solar viene arrastrando desde hace años: qué pasa con los paneles cuando se rompen o llegan al final de su vida útil. El gobierno local abrió una consulta pública para crear el primer esquema obligatorio de responsabilidad extendida del productor para paneles fotovoltaicos del país, algo que ninguna otra jurisdicción australiana tiene todavía.
Todavía no hay ley, pero el mensaje del gobierno de NSW es claro: la próxima ola de residuos electrónicos “verdes” ya se ve venir, y quieren que la paguen quienes fabricaron el problema.
La propuesta, impulsada por la ministra de Energía Penny Sharpe, apunta directo a los fabricantes e importadores: tendrían que poner plata para financiar la recolección y el reciclaje de los paneles que instalaron. Hoy, según el gobierno, la mayoría de los módulos fuera de servicio terminan en rellenos sanitarios, guardados en algún galpón o directamente tirados de forma ilegal.
Los números explican el apuro. NSW tiene más de 1,18 millones de sistemas solares instalados en techos residenciales, que hoy generan unas 15.400 toneladas de residuos por año. Si no se hace nada, la proyección oficial dice que esa cifra va a escalar a 98.100 toneladas para 2045. Un panel viejo no es basura sin valor: adentro tiene aluminio, vidrio, silicio, cobre y plata, materiales que se pueden recuperar y volver a meter en la cadena de fabricación en vez de enterrarlos.
David McElrea, del Smart Energy Council, avisó que el esquema necesita paraguas federal más pronto que tarde. Si NSW avanza sola, corre el riesgo de terminar con un mosaico de reglas distintas entre estados, y calcula que más del 70% de los paneles que se desmontan en Australia hoy quedarían afuera del sistema de todos modos.
La consulta pública sigue abierta hasta el 16 de noviembre, con participación de sindicatos, recicladores, fabricantes, gobiernos locales e investigadores. Todavía no hay ley, pero el mensaje del gobierno de NSW es claro: la próxima ola de residuos electrónicos “verdes” ya se ve venir, y quieren que la paguen quienes fabricaron el problema.
